miércoles, 23 de enero de 2013

Decreto Ley 300: ya nació… ¡pero sin correr! (+ Vídeo)


Mandarse a correr antes de tiempo suele convertirse en un arma de doble filo. Pues el apuro en decisiones y procedimientos mutila el análisis exhaustivo y explicaciones imprescindibles. Al parecer, en Cienfuegos el Decreto Ley 300 sobre la entrega de tierras en usufructo no padece de tal atropellamiento.

Desde su puesta en vigor el 10 de diciembre de 2012, más de 160 personas solicitaron la obtención de áreas bajo ese reglamento y solo se le han otorgado a 71. Mas, el proceso transita por el período vital de revisión, capacitación y aclaración de dudas.
RECUENTO

Hace cuatro años existían en la provincia cerca de 127 000 hectáreas (ha.) de superficies ociosas, sumidas en el abandono y la mayoría asaltadas por la fertilidad del marabú. Ante la inminencia del incremento de la productividad, en Cuba se asomó la necesidad de aprovechar dichas áreas, y… ¿cómo ocuparlas entonces?

En julio de 2008 recorrió el país, y parte del mundo, la noticia de la aprobación del Decreto Ley 259 sobre la entrega de terrenos en usufructo. Según Jorge Antonio Rodríguez Peña, director provincial de Control de la Tierra, hasta el 30 de junio de 2012 se entregaron mediante esa legislación una cantidad superior a las 78700 ha. De esa manera, más de la mitad de las áreas inactivas fueron a las manos de 8 046 personas naturales y 83 entidades jurídicas.

El directivo agrega que la ganadería resultó el renglón con mayores beneficios, pues el 70 por ciento de las entregas se destinó al fomento del vacuno, en tanto, un 17 fue dispuesto para el incentivo de cultivos varios.

Las normativas correspondientes al “259” abrieron un sendero de nuevas experiencias, incremento de los resultados y también improvisaciones, toda vez que solo el 38 por ciento de los beneficiados tenían experiencia en las labores agropecuarias. Así, ante la evidencia de las transformaciones, Cuba vivía una nueva etapa de reforma agraria por el bien de la economía y el pueblo.

Y LLEGÓ EL RELEVO

Llegó el momento en que tales regulaciones no satisfacían las pretensiones de ocupar un mayor cúmulo de tierras y de elevar los rendimientos. El período 2008 - 2012 constituyó una saludable etapa de ensayos, de donde salieron las principales limitaciones y con ello, quedaron definidas las estrategias del futuro.

Como una suerte de relevo, en octubre del pasado año salió a la luz pública el Decreto Ley 300 en sustitución del 259. Yuri Companioni Pérez, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Dionisio San Román, obtuvo algunas caballerías mediante el “259” y explica que el “300” proporciona una nueva fuente de empleo y abre el espectro de oportunidades, pero cada una de las cuestiones deben quedar bien claras para el campesino. En un período de 24 meses nos regiremos por la reglamentación vigente.

Con la nueva legislación descuellan los indicios de expansión, tales como el incremento del área concedida hasta 67,10 ha., antes limitada con solo 40,26, además de la incorporación de las actividades de frutales y forestales. “Ya hemos aceptado seis solicitudes para el desarrollo de los bosques y otras cinco vinculadas al acopio de frutas. No obstante, el interés por la ganadería continúa a la vanguardia con 24 entregas, mientras los cultivos varios despuntan con 21”, aseguró Jorge Rodríguez.

Otras facilidades tienen que ver con integración a partir de la anuencia de las relaciones contractuales con unidades básicas de Producción Cooperativa (UBPC)cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y granjas estatales. Con anterioridad, los lazos solo figuraban con las CCS.

Según Rodríguez Peña, “perdura un rechazo a vincularse con las UBPC debido a las deudas y bajos rendimientos. Pero la prioridad del país radica en entregar terrenos cercanos a esas unidades y en las CPA, con el fin de estimular el aumento de sus niveles productivos e ingresos. A partir de ahora, solo en casos excepcionales los interesados podrán adscribirse a las CCS”.

También emerge cual elemento distintivo, la autorización de construir, reconstruir y ampliar instalaciones o viviendas en beneficio propio y de los familiares, a partir del concepto de bienhechurías. Tal condición trasciende como una de las principales tentaciones para los interesados, pero…

De acuerdo con Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Ministerio de la Agricultura (MINAG), “dicha opción garantiza la permanencia y consistencia laboral del labriego. Sin embargo, para la conformación de las infraestructuras, solo aprobamos el uno por ciento del área concedida. En 13,42 hectáreas, podrán emplearse 250 metros cuadrados aproximadamente”.

En aras del control y legalidad de tales disposiciones interviene el Instituto de Planificación Física (IPF). Amarilys Heredia Leyva, subdirectora de la entidad en Cienfuegos, declara que los interesados deben presentar, entre otros documentos, el contrato de usufructo correspondiente a la nueva Ley. Sin embargo, todavía existen dudas, pues muchos vienen con el convenio correspondiente al “259”.

Heredia Leyva agrega que “debemos visitar a los interesados y analizar si procede o no el lugar escogido. Por ejemplo, no deben construirse viviendas al lado de una fuente de abasto de agua ni debajo de líneas eléctricas o cercanas a ríos por peligro de inundaciones. Asimismo, en cuanto a las solicitudes de cochiqueras de cerdos, deben ubicarse a 100 metros de la casa”.
Una de las mayores disyuntivas responde al destino de las bienhechurías ante la inminencia de extinguir el usufructo. Al respecto, Jorge Rodríguez explica: “al terminar las construcciones, realizamos un avalúo y así queda definido su valor. En caso de quitar las tierras, se indemniza al individuo con tales cuantías”.

Recientemente los directivos implicados en la puesta en marcha de las regulaciones, realizaron un periplo por todos los municipios de la provincia en aras de analizar el tema desde la base y erradicar las posiciones escépticas.

“Con esos recorridos conocimos los principales resultados y aclaramos las preocupaciones que restan aún. No obstante, para el buen funcionamiento de las normativas, precisamos de presidentes preparados y consecuentes con la necesidades de su unidad y del país”, expuso Jorge Rodríguez.

Aunque resta un largo trecho, ya nació el Decreto Ley 300. Hoy tantea en busca de la estabilidad y entendimiento de directivos y aspirantes a obtener terrenos mediante esa modalidad. Ya llegará el momento de correr, y sobrevendrán mejores tiempos. Ojalá tal impulso trascienda en detrimento de contradicciones y malos entendidos.

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