El presidente estadounidense, Barack Obama, podría nombrar a un nuevo director encargado de la prisión ilegal de la base naval ubicada en la bahía de Guantánamo, en un territorio ocupado a Cuba, para trabajar en la transferencia de los reclusos a otros centros, informó este miércoles la Casa Blanca.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, expresó que “hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las opciones que estamos considerando es designar a un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado para volver a intentar repatriar o transferir a los detenidos a terceros países”.
Obama ya había anunciado este martes que reanudaría los esfuerzos para lograr la luz verde del Congreso para el cierre del penal de Guantánamo.
En ese sentido, manifestó su preocupación por la situación que actualmente se vive en esa prisión -donde al menos 100 de 166 reclusos mantienen una huelga de hambre, como medida de protesta por el trato que reciben- alegando que todo lo que allí acontece daña la imagen internacional de los Estados Unidos.
“La cárcel significa un gasto muy alto, es ineficiente, nos hiere en cuanto a nuestra posición ante la comunidad internacional, disminuye la cooperación con nuestros aliados en la lucha antiterrorista y constituye una herramienta de reclutamiento para los extremistas. Tiene que ser cerrada”, sostuvo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Obama, que prometió cerrar Guantánamo tras ser elegido presidente en noviembre de 2008, afirmó también que resulta “crítico” el entender que ese centro de reclusión “no es necesario” para garantizar la seguridad de Estados Unidos.
“La idea de que vamos a mantener a más de cien individuos en tierra de nadie perpetuamente (…) De que mantendremos indefinidamente a individuos a los que no se ha juzgado es contraria a lo que somos. Es contraria a nuestros intereses y tenemos que detenerlo”, añadió el mandatario.
Por ello, una vez más, prometió reanudar los esfuerzos para que la plenaria apruebe el cierre de la cárcel, responsabilizando así al Parlamento por el hecho de que el centro penal permanezca activo. Sin embargo, no ofreció un nuevo camino para retirar los presuntos obstáculos, políticos y legales que enfrenta.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y la delegación del país antillano pidió la víspera al gobierno de Estados Unidos el cierre de la cárcel de Guantánamo al considerar que atenta contra los Derechos Humanos.
“Nos preocupa el limbo en el que va la situación de la cárcel de Guatamano, un territorio que está siendo usurpado por los Estados Unidos, donde quedan 166 detenidos desde hace 10 años sin juicios ni garantías, ni defensa”, explicó el canciller Rodríguez.
Rodríguez añadió durante la presentación del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos en la sede del organismo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) que “en esta cárcel hay más de 100 personas en huelga de hambre, 17 de ellos en peligro, que están siendo alimentados a la fuerza y por vía intravenosa. Esa cárcel y base militar debe ser cerrada y ese territorio debe ser devuelto a Cuba”.
La mayoría de los encarcelados en Guantánamo son musulmanes y llevan más de una década sin comparecer ante un tribunal, desde que fue inaugurada la cárcel en 2002, durante la primera gestión del presidente estadounidense George W. Bush.
Durante las últimas semanas, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que mantienen contacto con los presos, advirtieron que la salud de más de una veintena de detenidos empeoró y que los guardias estadounidenses están alimentando “por la fuerza” a muchos de ellos.
La prensa estadounidense informó que un nuevo contingente de médicos y enfermeras de la Marina estadounidense llegó a la base de Guantánamo, ubicada en una porción del territorio cubano, que fue arrendado por Estados Unidos a principio del siglo XX.
En su primera campaña presidencial, Obama prometió que cerraría la prisión, pero sus esfuerzos iniciales desde la Casa Blanca chocaron con una negativa de la mayoría del Congreso, que se negó a trasladar a los presos a Estados Unidos para ser juzgados por cortes federales.
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